27-01-2025 / Excélsior

Uno de los errores que como personas servidoras públicas (PSP) cometemos regularmente es no informar las actividades que realizamos en apego a nuestras atribuciones normativas.

Tuve el privilegio de ser el secretario de la Contralaría General del Gobierno de la Ciudad de México por un lapso de seis años, con el honor de ser propuesto en la terna por nuestra Presidenta constitucional, en ese momento jefa de Gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Durante este tiempo fue constante que la gente, cuando nos conocíamos o teníamos contacto por primera vez, me cuestionaran a lo que se dedica una contraloría.
Yo les explicaba, de manera sintética, que la contraloría es el órgano encargado de fiscalizar, auditar y evaluar a otros entes, además de procurar su correcta función pública, es decir, que se sujeten a la norma, que no incurran en posibles conductas que pudieran considerarse actos de corrupción y que presten los servicios en los tiempos y términos acordados en beneficio de la población. No fueron pocas las ocasiones que lo expliqué, con todo gusto, por cierto. No obstante, me parece que siempre fue insuficiente la información que dábamos a la gente, ya fuera por los medios oficiales, como era la página de la propia dependencia, o bien, a través de mis comparecencias ante el Congreso local durante cada año de mi gestión.

Todo esto lo menciono porque una de las situaciones que se desconoce, o no eran del todo claras al menos al interior de la Secretaría de la Contraloría General (SCG), eran los antecedentes que existían sobre situaciones que transgredían la ley. Me refiero a aquellas áreas en las que, por distintas razones, existían espacios que aprovechaban PSP para cometer irregularidades.

Fue así que, de manera conjunta, varios funcionarios y funcionarias de la SCG nos dimos a la tarea de concentrar la información, analizarla y transformarla en datos que pudieran ser útiles en el combate efectivo de la corrupción, en tener elementos que permitieran dirigir los esfuerzos hacia donde verdaderamente merece la pena. Utilizamos una metodología basada en la segmentación de 34 Órganos Internos de Control que conforman la SCG (en total son 66); en éstos se tomaron siete rubros estratégicos y que resultan claves en el desarrollo de las actividades del gobierno central y las alcaldías, los cuales se analizaron y compararon en diferentes años.

El resultado del estudio es un documento denominado Informe de Inteligencia Institucional —concepto que distintos académicos han utilizado para referirse a la información que se emplea principalmente para la toma de decisiones estratégicas en una organización— y que para los efectos que en la Contraloría instrumentamos produjo un expediente que muestra los procesos que deberán vigilarse para evitar desviaciones en el ejercicio del servicio público, y que permitirá a la nueva administración enfocarse en objetivos claros y precisos, y con ello inhibir la posible comisión u omisión de acciones que pudieran resultar en actos contrarios al interés de la población y en contra de la Hacienda pública.

Por lo anterior, y para dar respuesta a la pregunta planteada en el título de este artículo, podría sugerir, respetuosamente, que no es necesario para la siguiente administración de la SCG partir de cero. El citado informe puede servir de apoyo para las definiciones que lleguen a adoptar.