20-01-2025 / Excélsior

Continuaré con la segunda parte de la relatoría que inicié la semana pasada. María, por supuesto, presentó la denuncia correspondiente, se asesoró en su momento de manera apropiada y las acciones parecían ser las correctas. No obstante, ni la carpeta que se integraba ni el juicio en el ámbito familiar avanzaron. Ella recurrió a distintas autoridades mencionando la situación que prevalecía, a lo cual, debo decirlo, sí encontró respuesta en la mayoría de ellas, fue recibida con empatía y se le brindó el apoyo que las autoridades locales tenían a su alcance. ¿A qué me refiero? Que, por más de dos años, María imploró justicia con una sola petición: volver a tener a sus hijos, de muy corta edad, a su lado.

Pues esto no sucedió. Los abogados del padre interpusieron toda clase de recursos legales a su alcance, lo que se tradujo en el aplazamiento de los procedimientos y la negación al acceso de la justicia que ella requería. Dos años y medio después, logró establecer contacto con sus hijos y sólo en un centro de convivencia de la entidad donde radicaban. Fue hasta después de casi cuatro años que logró que le dieran la guardia y custodia. Los juicios y denuncias continúan por parte de su exesposo y María no ha logrado obtener una pensión alimenticia digna para sus hijas e hijo.
En nuestra primera historia, Ana logró que a su exesposo se le condenará a una sentencia de cuatro años y medio de prisión, empero, al ser menor de cinco años la pena y pagar una fianza, jamás pisó un centro de reclusión. Nunca recuperó sus pertenencias.



Nuestro tercer caso me parece el más complicado de todos. Me referiré a Estela, una mujer de mediana edad, igualmente profesionista, pero que dedicó su tiempo al cuidado de sus dos hijas. La historia es similar a las anteriores; inició la agresión por la vía económica, hasta que en este caso es él quien decide abandonar el hogar familiar por encontrarse ya involucrado en otra relación sentimental, y es a partir de ahí que suspende todo tipo de aportación al sostenimiento de las hijas y su cónyuge.

Posteriormente, por medio de chantajes de carácter económico, es que logra convencer a sus hijas de que mejor se trasladen a vivir con él; es en este momento que suspende todo tipo de pago de alimentos a su todavía esposa, no sólo eso, también le exige la devolución del vehículo que tenía para trasladarse con la excusa de que las niñas ya estaban bajo su cuidado. Algún tiempo después le fue requerido que desocupara el inmueble en el que Estela vivía para ponerlo en venta y que el producto de ello se destinaría al mantenimiento de las dos pequeñas. Es decir, de un momento a otro se quedó sin nada. Recurrió a distintas instancias sin obtener un resultado cercano a lo positivo.

La idea de referirme a estos tres casos en dos columnas es para ejemplificar que mujeres profesionistas de clase media no pudieron acceder a la justicia cuando uno pensaría que tienen cierta posibilidad de lograrlo. En un principio tuvieron oportunidad de una representación jurídica, pero en el momento que carecieron de ella, se ubicaron en un estado total de indefensión ante los exesposos violentadores. La coincidencia de las tres historias: sus excónyuges, por conducto de artilugios y, aunque no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, recurrieron a actos de corrupción. Por eso, siempre debe darse derecho con justicia.