6-01-2025 / Excélsior

A partir de hoy iniciaré una publicación semanal en este importante diario de circulación nacional. Agradezco sinceramente el espacio. “Área común” puede tener distintas acepciones, desde la más sencilla que implica la zona en la que todas y todos tenemos un lugar, hasta la que define, y que por mi formación profesional he decidido utilizar para nombrar mi columna. Desde una interpretación legal, significa el acceso equitativo a los recursos judiciales, así como los esfuerzos colaborativos entre diferentes instituciones para mejorar la administración de la justicia.

Esta primera entrega será referente a la reforma judicial y el momento que hoy vivimos.

Considero que, antes de abordar el tema y su statu quo, es fundamental identificar el contexto del país. Esta gran nación, debemos coincidir todos, ha experimentado un cambio desde 2018, no sólo en el ámbito político; el país ha tenido una transformación en su vida social de manera profunda y real. Resulta infructuoso no querer verlo y adaptarse a esta nueva realidad que, además, debo decirlo, México necesitaba. Las estructuras social, económica y política ya no aguantaban una continuidad de los modelos financieros ni de las políticas que nos regían; éstos se habían agotado. De ahí los resultados electorales tan determinantes, tanto en 2018 como la confirmación de su pensamiento en 2024.

Dicho lo anterior, debemos estar conscientes de que dentro del entramado del poder público en México existen deudas con la población, directamente con las personas más pobres. Desde mi punto de vista, quien posee un pasivo importante ante la sociedad es el Poder Judicial, por supuesto, sin generalizar con la totalidad de sus integrantes, ya que lo compone personal probo y de alta calidad moral. Sin embargo, como elemento de una de las columnas estructurales del Estado, mucho ha dejado de dar a la gente, pues considero que, hasta dicha reforma, no existía un ejercicio real de rendición de cuentas por dicho poder.

Al respecto, basta con observar la percepción de la población a partir de distintas encuestas levantadas recientemente; citemos sólo una, la del Inegi, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2024, la que refleja, a grandes rasgos, que seis de cada 10 personas declaran que los jueces son corruptos. Esto, sin duda, es concluyente y debe permitirnos abrazar la reforma judicial y dar seguimiento a su ejecución de una manera puntual y objetiva.

Algunos sectores de la sociedad han manifestado su preocupación respecto a la preparación y experiencia que puedan tener los nuevos juzgadores. Al respecto, Jorge A. Contreras Segura cita en Derecho procesal constitucional y juicio de amparo contra normas generales que existen sistemas en los que el control de la constitucionalidad es encargado a un órgano jurisdiccional constituido por individuos con conocimientos altamente calificados en la ciencia del derecho, que cuenta con facultades y competencia para ejercer el control por vía de procesos autónomos y extraordinarios. Por las respuestas que han dado, pero, sobre todo, demostrado, las personas responsables de cada uno de los comités de evaluación desean proponer a los mejores cuadros al frente de la justicia del país, en cada uno de los lugares que serán votados el primero de junio, es decir, que conformen órganos con el mismo perfil que el autor mencionado concluye.